Asuntos Públicos ante el cisne negro que vuelve a nadar en aguas internacionales

Por Irene Matías, Socia Directora de Advocacy Academy 

Hay eventos que los modelos de riesgo no suelen considerar. No porque sean imposibles, sino porque resultan incómodos de incluir. La guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz son uno de ellos. 

Desde el 28 de febrero de 2026, el estrecho ha experimentado disturbios continuos tras los ataques militares contra Irán, lo que ha paralizado el tránsito de buques petroleros por una de las arterias energéticas más críticas del planeta. Un paso marítimo por el que transitan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, cerca del 20% del comercio marítimo global de crudo. 

Nadie esperaba esto. O puede que muchos lo hayan considerado posible, pero nadie lo haya incorporado a su hoja de ruta estratégica. Y eso, precisamente, es un cisne negro. 

 Anticipar el caos: asuntos públicos frente al cisne negro 

En teoría de riesgos, un cisne negro es un evento de baja probabilidad percibida y alto impacto. En la práctica, para un equipo de asuntos públicos, es el momento en que el entorno político deja de ser predecible y las prioridades de los gobiernos cambian antes de que las empresas hayan terminado de entender el impacto en su propio negocio. 

Según el BOE, en las primeras semanas del conflicto, el precio del gas natural (TTF) aumentó un 55%, superando los 50 euros/MWh, y el precio del barril de Brent llegó a escalar más de un 40%, superando los 119 dólares. En el frente energético, los impactos fueron inmediatos, elevando el precio del gas en Europa y poniendo fin al período de calma que había permitido contener la inflación durante 2025. 

Para muchas empresas — industriales, logísticas, del sector químico, de la alimentación — esto no fue una crisis de suministro.  Fue una emergencia operativa, regulatoria e institucional al mismo tiempo. Ahí es donde los asuntos públicos dejan de ser una función de acompañamiento y pasan a convertirse en una herramienta estratégica para anticipar escenarios, interpretar decisiones políticas y gestionar sus consecuencias económicas. 

El sector energético como espejo 

Pocos sectores ilustran mejor la naturaleza de un cisne negro aplicado a los asuntos públicos que el energético. Y no solo porque sea el más expuesto a las disrupciones en Ormuz, sino porque es el que ha visto cómo sus estrategias de relacionamiento institucional quedaban obsoletas de un día para otro. 

Según BOE, el Gobierno español respondió mediante un Real Decreto-ley que introdujo medidas urgentes para gestionar el impacto en el suministro de gas y en los precios energéticos. El precio de la gasolina llegó a encarecerse casi un 19% y el del diésel más de un 30% en apenas tres semanas, lo que llevó al Ejecutivo a reducir el IVA de carburantes y a bajar el impuesto sobre hidrocarburos al mínimo permitido. 

¿Cuántas empresas tenían previsto en su agenda de asuntos públicos una negociación de urgencia sobre fiscalidad energética en marzo de 2026? Muy pocas.  

Qué hace un equipo de asuntos públicos cuando aparece un cisne negro 

La primera reacción suele ser esperar a que pase el conflicto, y esto es lo peor que un equipo puede hacer. 

Un equipo que trabaja de forma reactiva se queda sin herramientas cuando el entorno se acelera. No porque la gente no sea capaz, sino porque la estructura no estaba diseñada para absorber impactos no previstos.

Mientras que un equipo multinacional bien estructurado hace algo distinto. En los primeros días de una crisis de este tipo, lo primero que activa no es la comunicación externa, sino el mapa de stakeholders. ¿Quién está tomando decisiones ahora mismo? ¿Qué ministerios o agencias reguladoras han entrado en modo de gestión de crisis? ¿Qué posiciones están emergiendo en el Parlamento Europeo sobre seguridad de suministro? ¿Qué coaliciones de interés se están formando entre los actores del sector? 

El segundo movimiento es la evaluación rápida de escenarios. No con meses de antelación, sino en días. ¿Qué normativa de emergencia puede activarse? ¿Qué medidas fiscales o de intervención de mercado son probables en el corto plazo? ¿Dónde hay ventana de influencia y dónde ya está cerrada? 

Y el tercero y más difícil es decidir cuándo posicionarse y cuándo guardar silencio. En un entorno de alta tensión política, hablar demasiado pronto o demasiado alto puede costar más que lo que se gana. 

La diferencia entre gestionar y anticipar en asuntos públicos 

El PMI compuesto adelantado de la eurozona, uno de los principales indicadores utilizados para anticipar la evolución de la economía, bajó en abril hasta 48,6 puntos, por debajo del umbral de 50 que separa crecimiento de contracción. El FMI atribuye la revisión de sus previsiones al efecto del conflicto en Oriente Medio, que se sumará a los efectos persistentes del encarecimiento energético desde la invasión de Ucrania. 

En este contexto, la confianza empresarial cayó a su punto más bajo desde finales de 2022. Y la incertidumbre, como siempre, genera demanda regulatoria. Los gobiernos quieren actuar. Los parlamentos quieren legislar. Y las empresas que no hayan construido una relación de interlocución previa se encontrarán con que las decisiones se toman sin ellas. 

Aquí se observa la diferencia fundamental entre los asuntos públicos ejecutados como una función de relaciones y los asuntos públicos entendidos como una función estratégica. Los primeros dependen de que la agenda sea predecible. Los segundos están diseñados precisamente para los momentos en que la agenda deja de serlo. 

Un equipo con metodología, con mapa de stakeholders actualizado, con escenarios de riesgo regulatorio trabajados de antemano, no elimina la sorpresa de un cisne negro, pero reduce el tiempo de reacción y, sobre todo, reduce el número de decisiones que hay que tomar bajo presión. 

La lección que deja todo cisne negro: anticipar el impacto político antes de que sea económico 

Con los grandes shocks geopolíticos se puede confirmar que las consecuencias económicas de una decisión política no se quedan en el titular.  Afectan a cadenas de suministro, a marcos regulatorios de emergencia, a relaciones entre administraciones y sectores, a la capacidad de las empresas para planificar su inversión a medio plazo. 

Por eso, los asuntos públicos no consisten únicamente en influir en decisiones políticas. Consisten, sobre todo, en entender como esas decisiones impactan en el negocio y en construir la capacidad de anticiparse a ellas. 

Cuando aparece un cisne negro, la metodología en asuntos públicos marca la diferencia entre improvisar y reaccionar con rapidez. Mapas de stakeholders, análisis regulatorio, monitorización política y relaciones institucionales previas no eliminan la incertidumbre, pero sí permiten anticipar impactos, adaptarse antes y conectar mejor la geopolítica, la regulación y el negocio.